No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Angela Davis
Seguimos con el tema de la justicia, pero esta vez por un caso en Ecuador que me ha llamado la atención y que es también de los poquísimos que se publican y se debaten por los medios de comunicación. Se trata del médico doctor Carlos López, a quién –según su versión- se le ha condenado injustamente, luego de un juicio por mala práctica médica.
El
caso arranca en el año 2009 cuando una ciudadana francesa que realizaba una
pasantía en Ecuador, fue asaltada y llevada desde el lugar de los hechos en un
pueblo de las afueras hacia una clínica privada de Quito, la capital. En dicha
clínica, se niegan a atenderla ya que las personas que la recogieron, que no
tenían ningún parentesco con ella, no tenían cómo justificar su solvencia
económica, perdiéndose por esta razón valiosos minutos que podrían haber
salvado su vida, ya que al final de
cuentas murió, luego de tres horas de espera hasta que alguien ofreció
su tarjeta de crédito como aval y localicen un médico que la atienda, ya que
ninguno se encontraba de turno.
Los
padres de la francesa, luego de los obligados trámites de repatriación del
cadáver, procedieron a demandar a la clínica y al médico que la atendió, para
–según ellos- el caso de su hija no quede impune y sentar un precedente en el
Ecuador para que aquello no vuelva a suceder.
Y
así fue, que luego de muchos años de sentencias y recursos, la clínica al final
fue condenada y el médico que la atendió, también.
Y es
la sentencia del médico la que está generando noticia y debate, por cuanto éste
manifiesta estar en desacuerdo con la misma, ya que dice que inicialmente fue demandado por “mala práctica médica” pero que
ha sido condenado por “omisión de atención”.
Por
mi parte y el objeto de este escrito, no es valorar si el médico tiene razón o
no en cuanto a su actuación profesional o en cuanto al fallo, que para ello está
la justicia, pero sí poner en evidencia la forma en que se está llevando este
debate ya que sus allegados, en su afán de apoyarlo tal vez, están demostrando un
desconocimiento de cómo funciona la justicia y que lamentablemente coincide con
lo que entiende la mayoría de la población, es decir una confusión de conceptos
que pienso, hacen flaco favor al profesional y a la misma justicia ecuatoriana
en sí.
Me explico.
En
el caso del doctor López, las personas que lo apoyan han manifestado mayoritariamente
que por todos los antecedentes morales, profesionales y académicos del mismo,
no se merecía tal sentencia, como si dichas cualidades debían haber
condicionado la misma y no los hechos en sí. Incluso en una carta al director
en un medio de comunicación, alguien aseguraba que por esas mismas razones, "toda la sociedad reclamaba el sobreseimiento del caso”, cuando lo que se
debería exigir más bien, es un aclaramiento que determine la verdad de los
hechos, de tal manera que el mismo profesional tenga el respaldo legal y moral
ante la sociedad, de haber sido declarado inocente por haber actuado
correctamente.
Otra
de las cosas que también se ha manifestado es que la víctima prácticamente
había llegado tarde para ser salvada, entrando en detalles de cómo funcionan
los protocolos médicos para estos casos, cuando estos debían ser expuestos y
analizados durante la presentación de pruebas y alegaciones durante el juicio a
peritos que conocen del tema, además que nadie sabe cuándo va a ser asaltado o
a morir para llegar oportunamente para ser salvado.
Como
se sabe, la justicia es un ente independiente de las demás funciones del estado
y que ésta debería actuar como tal, es decir libre de presiones de cualquier
índole. También es cierto, que lamentablemente todas las personas somos
susceptibles de ser denunciados y mucho más en las sociedades más avanzadas, donde
existe una alta exigencia de ética y calidad para todas las profesiones, que es
hacia donde se quiere llegar en Ecuador.
Por ello, llegado el caso, todos deberíamos
ser considerados iguales ante la ley y también todos deberíamos ser inocentes
mientras no se demuestre lo contrario. Es lo que se denomina la “presunción de
inocencia”. Además, en el Capítulo Octavo, artículo 78 de la Constitución del
Ecuador, se garantiza a todos los ciudadanos el derecho al debido proceso y a
una justicia sin dilaciones.
En
otras palabras, todo lo importantes que hayamos sido hasta ese momento, no
cuenta. Lo que cuenta es que, como ciudadanos iguales ante ley, se nos
garantice una justicia independiente que determine mi culpabilidad o inocencia
cuando he sido demandado, luego de un proceso con las mínimas garantías y de haber
sido escuchado por un tribunal no solamente competente sino también imparcial.
Y ya
puestos en este caso, sabemos que la justicia la rigen los hombres y por lo
mismo, no es infalible, de tal manera que se pueden cometer muchos errores a lo
largo del proceso y en sus fallos. Para ello, la sociedad civil y más, las
partes afectadas deberían luchar para que se corrijan los errores que se hayan
suscitado durante el proceso y también crear corrientes de opinión. Mucho se ha
conocido sobre todo en otros países, de casos que han tenido que revisarse por
los muchos errores cometidos en los juicios y que los mismos han sentado precedentes
para el futuro, incluso poniéndoles nombres de los afectados a las leyes, para
que no se olviden sus casos.
Solo
de esta manera, conociendo cómo funciona el sistema, cómo debe actuar la
justicia, se evitaría lo que ahora, que se expresa al libre albedrío palabras
como “estafadores”, “delincuentes”, “asesinos”, etc. a cualquier persona o
colectivo, deshonrándolos sin pruebas o sin un juicio que determine el delito,
o tal vez se lograría lo contrario, que nadie se atreva a decir nada al saberse
que cualquiera podría situarse en el peor lugar o en el peor momento por
circunstancias adversas de la vida, pero deseando que la justicia funcione como
debe ser.
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