jueves, 5 de julio de 2018

QUÉ ES UN FUNCIONARIO PÚBLICO


 Mariano Rajoy llegando al Registro de la Propiedad de Santa Pola. Foto: lasprovincias.es

Muchos países especialmente de latino-américa, se han hecho eco -entre asombrados e incrédulos-, de la vuelta del ex Presidente Mariano Rajoy a su antiguo cargo de Registrador de la Propiedad en la pequeña ciudad de Santa Pola, luego de 30 años de vida política. En España, mientras tanto, no se han admirado tanto de la noticia puesto que, Rajoy, regresa a una plaza fija en una institución pública que lo ganó por concurso de méritos y oposiciones y que por lo mismo, durante todo el tiempo que ejerció la política, no la perdió y, al contrario, mantuvo todos los beneficios que por le ley le correspondían a tal punto que se comenta, ganará un salario más jugoso que el que cobraba como Presidente de Gobierno (de 6.700 euros a unos 15.000 como registrador, aproximadamente) y que probablemente hasta este fin de año, podrá optar a su derecho de cambio de plaza, seguramente hacia Madrid.

Mientras tanto, vivirá en un hotel.

Hay que reconocer, sin embargo, el gesto noble de Rajoy de renunciar a su escaño como diputado, así como también, a ser miembro del Consejo de Estado que le correspondería como ex presidente de Gobierno, todos estos con sus respectivos sueldos, así como también a su sueldo como ex presidente de gobierno.

Este hecho me ha hecho puesto al día en dos episodios relacionados con los derechos laborales: uno, cuando en Quito-Ecuador se le despidió fulminantemente a un guardia municipal por no haber permitido llevar a un perro agonizante en el balde de un coche, hecho que se viralizó por las redes sociales y provocando la indignación de la gente, motivo por el cual, se desencadenó su despido por parte del alcalde de la capital. Y el otro episodio, la indignación popular que se está generando en Ecuador a propósito del anuncio del Ministro de Trabajo, de despedir aproximadamente 170.000 funcionarios públicos “ocasionales” y que se va a convocar a concursos para unos 80.000 dentro de ellos, aduciendo que el estado no es agencia de empleo y despertando el lógico escepticismo entre la población, al saber cómo se llevarán a cabo dichos concursos.

Estas situaciones mencionadas, demuestran el desconocimiento que se tiene en Ecuador de lo que es un funcionario público y uno privado y de los derechos laborales de los mismos, tanto por parte de ciertas autoridades como de la mayoría de la ciudadanía. No me extrañaría que todo sea parte de la desinformación por parte de las altas esferas de poder a lo largo de muchas décadas, seguramente con la intención que la gente desconozca del tema y de paso, de sus derechos.

Por lo mismo, toda la vida, desde que yo me acuerdo, se ha deseado un cargo de funcionario público fijo -al igual que en cualquier lado- ya que se aseguraba un buen porvenir, tanto económicamente como socialmente al gozar de un buen salario y de un puesto fijo al que nadie lo sacaría, pero, la diferencia en Ecuador era que, para optar por uno, no era necesario acudir a un concurso porque, sencillamente no los había y si los había, que eran muy pocos, eran amañados y por lo mismo, solamente era necesario una buena “palanca” política para obtenerla. Muchos de los que han ganado algún concurso limpiamente, dirán que es injusta mi apreciación, pero reto a cualquier ciudadano común a preguntarlo que, seguramente, le responderán que estas situaciones, se han dado y se dan tal como lo he manifestado, ya que es vox populi en Ecuador.

Será por ello también, que la gente constantemente se queja que funcionan mal todas las instituciones del estado, desde la sanidad pasando por la educación pública o por algún ministerio, ya que se percibe, además de una evidente desorganización institucional, maltratos y arrogancia por parte de estos funcionario, desconocimiento, incapacidad e inexperiencia de los temas a tratar, entre otras anomalías, mientras existe gran cantidad de gente que se prepara con mucho esfuerzo tanto dentro del país y fuera del mismo, y que, sin embargo, no consiguen trabajar y aportar sus conocimientos en estas instituciones públicas para de esta manera, contribuir al desarrollo del país sin esta suerte de corrupción institucionalizada.

En España también, si bien es cierto, se pueden dar amaños en los concursos, pero, mayormente no suelen pasar, ya que los candidatos están pendientes de que ello no suceda, además que se puede apelar y denunciar cualquier anormalidad en altas instancias administrativas y/o judiciales. Se pude observar, además, que todo está perfectamente controlado por parte del Estado ya que, cada cierto número de años, se convoca a un determinado número de ofertas de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de la clasificación profesional, las mismas que son comprobadamente necesarias y aprobadas por los órganos de Gobierno de los poderes públicos y que han sido también, previamente negociadas con los representantes sindicales, lo que no sucede en Ecuador que, menos mal, con el último gobierno, algo se quiso cambiar esta situación creando la entidad SOCIO EMPLEO donde se convocaban las vacantes necesarias, aunque al parecer, se sigue dando plazas de empleo sin ningún criterio técnico ni laboral y llenando las instituciones de gente, entorpeciendo aún más, el normal desenvolvimiento de ellas.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público de España, por ejemplo y me imagino que en el Ecuador es algo parecido, el funcionario público se divide en: personal FIJO funcionario de carrera, el personal interino, el personal laboral FIJO y TEMPORAL y el funcionario eventual. El personal directivo puede ser o no empleado público y tienen un estatuto específico y los gobernantes o políticos NO SON EMPLEADOS PUBLICOS pero, realizan una función administrativa.
Para ser FUNCIONARIO DE CARRERA se debe cumplir ciertos requisitos como son: el superar un proceso de selección (concurso y oposición) basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, obtener el nombramiento que ha sido publicado en el Diario Oficial correspondiente, participar en el Acto de acatamiento de la Constitución y, por último, tomar posesión de su cargo.

La diferencia con los contratos temporales u “ocasionales” que se dan en Ecuador es que, en España, se los da por un tiempo no máximo de tres años y sirven para ocupar plazas vacantes que se consideran prioritarias o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. No se los dan por convocatoria, sino que se accede por medio de una lista de espera con candidatos de anteriores convocatorias para fijos o mediante otros procedimientos específicos. En cuanto a las empresas privadas o municipales, también tienen sus respectivos estatutos donde también vela por los derechos de los trabajadores y las condiciones de contratación, algo que también se dará en Ecuador y que por lo mismo, no comprendo cómo se le echó a ese pobre guardia municipal sin más ni más ya que, al menos a mí, me parecía sujeto de una simple amonestación verbal o administrativa, por supuesto, luego de sus alegatos y no quedar a merced de la arbitraria decisión del jefe de turno que lo dejó en la calle y seguramente, con una familia a quien mantener.

El Régimen Disciplinario del Empleado Público en España, el mismo que está establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, además, determina cuales son las faltas de acuerdo a sus grados de responsabilidad, así como las determinadas sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal -las leves-, hasta las sanciones más graves que pueden implicar hasta la intervención de la justicia ordinaria, así como también fuertes sanciones económicas.

Dentro de los estatutos también se determinan las condiciones especiales por las que, el funcionario público fijo puede dejar temporalmente su puesto y estas son, entre otras, el ocupar un alto cargo en las Administraciones Públicas o Instituciones, cosa que sucedió con Mariano Rajoy al haber ocupado varios cargos a lo largo de su vida política, sin perder sus derechos como funcionario público le competían, razón por la cual, ha retomado su antiguo cargo con las respectivas subidas salariales y demás beneficios.

Por lo mismo, nada ha sido casual ni espectacular sino que, simplemente se ha seguido un proceso normal por parte de un ciudadano, que ha hecho uso de sus correspondientes derechos como funcionario público en condición de servicios especiales o excedencia.

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