sábado, 14 de mayo de 2011

EL EGO COMO UN DERECHO

                                                         Foto:Metrópoli.Diario El Mundo 

Como varias veces lo he mencionado, el hecho de vivir entre dos sociedades hace que inevitablemente observe las diferencias abismales entre un país y el otro. Por ejemplo, el exceso de autocrítica que se hacen de sí mismos los españoles contribuye en ello mayormente la prensa, provoca que sean desnudados tanto en sus virtudes como en sus defectos. De esta manera, los egos henchidos se desinflan y la humildad es la virtud por todos reclamada y valorada. Por lo mismo, no es raro ver que personalidades importantes hagan gala de su humildad, demostrando que por el hecho de haberse destacado en algo, no les impide ser como los demás ciudadanos, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Y si alguno de ellos ha cometido una falta, son sometidos a rendición de cuentas como cualquier otro. Es el caso de Mario Conde, ex presidente del Banco BANESTO o de Arantxa Sanchez Vicario, por poner dos ejemplos quiens, luego de los respectivos juicios fueron condenado a varios años de cárcel por estafa, apropiación indebida y falsedad de documentos el primero y, la segunda, obligada a pagar una multa de tres y medio millones de euros por no haber pagado el IRPF durante algunos años. En Ecuador, no sucede lo mismo. Siendo un país lleno de prohombres, eminentes profesionales, inimitables intelectuales o brillantes empresarios, el hecho que se destaquen en algo, parece hacerlos inmunes ante responsabilidades ciudadanas ,y lo que es peor, con el aliento y el apoyo de muchos otros que parecen no entender que, según la carta magna, todos los ecuatorianos somos iguales en deberes y derechos. Personalmente, estas actitudes presuntuosas me tienen sin cuidado, ya que creo que cada cual puede hacer de su vida lo que quiera, ponerse el nombre o los títulos que quiera e incluso promocionarse en cualquier medio para satisfacción personal y el de los que le rodean. El problema lo veo ya, cuando se trata de imponer a la opinión pública las virtudes de estas personas, haciéndolas prevalecer por encima de los derechos del resto de ciudadanos. Me explico con dos ejemplos también. Hace algunos meses salió en la prensa que un destacado profesional de no se qué rama, fue sorprendido in fraganti en una inspección rutinaria, sin expedir las respectivas facturas por sus trabajos realizados. El asunto - doméstico sin que ésta sea una noticia de interés nacional - trascendió luego, a través grandes titulares en la prensa, con editoriales, cartas y opiniones por parte de sus amigos y conocidos, que reclamaban que el prestigio de aquel hombre era motivo suficiente para que no se le exija el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Algo parecido está sucediendo en los últimos días con un ciudadano quien, supuestamente alentó con su actitud al homicidio de otro, mientras ocupaba un importante cargo en un hospital de Quito durante las revueltas del 30-S (parece que fue declarado inocente, por las últimas noticias que tengo). Lo preocupante es que, también, mediante sendos titulares, editoriales, cartas y opiniones se ha cuestionado su detención y se han emitido juicios personales, absolviéndolo de todos los cargos en los que se les acusa, como si por su cargo, por el hecho de no simpatizar con el Presidente de turno o por el hecho de tener hijos menores que lógicamente sufren con un padre que está en la cárcel, sean suficientes motivos como para que eluda las responsabilidades de sus actos. Los ejemplos anteriores dicen mucho del sentido de ciudadanía que tiene cierto sector de la población ecuatoriana, ya que en el primer caso, el hecho de que este ciudadano prestigioso, no cumpla sus obligaciones fiscales, impide que estos impuestos se reviertan en obras que beneficien al resto de conciudadanos, aparte de que se trasmite un mensaje erróneo a los que sí cumplen con sus obligaciones, incluso sacrificando lo poco que ganan. Mientras que en el segundo caso, al pretender impedir que este ciudadano demuestre su inocencia ante a las instituciones encargadas de determinar quien incumple sus normas en una sociedad, dictando si merece castigo o no, creando un sentimiento de fracaso en la ciudadanía al comprobar que sólo los de poncho son sometidos ante los jueces y no cualquier otro ciudadano que aparentemente tiene que responder ante la justicia. La igualdad de todos en derechos y deberes, entonces, contribuye al desarrollo de un país y al reforzamiento de su instituciones encargadas de velar por ello.

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