JUSTICIA INDEPENDIENTE

No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Angela Davis

Seguimos con el tema de la justicia, pero esta vez por un caso en Ecuador que me ha llamado la atención y que es también de los poquísimos que se publican y se debaten por los medios de comunicación. Se trata del médico doctor Carlos López, a quién –según su versión- se le ha condenado injustamente, luego de un juicio por mala práctica médica.

El caso arranca en el año 2009 cuando una ciudadana francesa que realizaba una pasantía en Ecuador, fue asaltada y llevada desde el lugar de los hechos en un pueblo de las afueras hacia una clínica privada de Quito, la capital. En dicha clínica, se niegan a atenderla ya que las personas que la recogieron, que no tenían ningún parentesco con ella, no tenían cómo justificar su solvencia económica, perdiéndose por esta razón valiosos minutos que podrían haber salvado su vida, ya que al final de  cuentas murió, luego de tres horas de espera hasta que alguien ofreció su tarjeta de crédito como aval y localicen un médico que la atienda, ya que ninguno se encontraba de turno.

Los padres de la francesa, luego de los obligados trámites de repatriación del cadáver, procedieron a demandar a la clínica y al médico que la atendió, para –según ellos- el caso de su hija no quede impune y sentar un precedente en el Ecuador para que aquello no vuelva a suceder.

Y así fue, que luego de muchos años de sentencias y recursos, la clínica al final fue condenada y el médico que la atendió, también.

Y es la sentencia del médico la que está generando noticia y debate, por cuanto éste manifiesta estar en desacuerdo con la misma, ya que dice que inicialmente  fue demandado por “mala práctica médica” pero que ha sido condenado por “omisión de atención”.

Por mi parte y el objeto de este escrito, no es valorar si el médico tiene razón o no en cuanto a su actuación profesional o en cuanto al fallo, que para ello está la justicia, pero sí poner en evidencia la forma en que se está llevando este debate ya que sus allegados, en su afán de apoyarlo tal vez, están demostrando un desconocimiento de cómo funciona la justicia y que lamentablemente coincide con lo que entiende la mayoría de la población, es decir una confusión de conceptos que pienso, hacen flaco favor al profesional y a la misma justicia ecuatoriana en sí.

Me explico.

En el caso del doctor López, las personas que lo apoyan han manifestado mayoritariamente que por todos los antecedentes morales, profesionales y académicos del mismo, no se merecía tal sentencia, como si dichas cualidades debían haber condicionado la misma y no los hechos en sí. Incluso en una carta al director en un medio de comunicación, alguien aseguraba que por esas mismas razones, "toda la sociedad reclamaba el sobreseimiento del caso”, cuando lo que se debería exigir más bien, es un aclaramiento que determine la verdad de los hechos, de tal manera que el mismo profesional tenga el respaldo legal y moral ante la sociedad, de haber sido declarado inocente por haber actuado correctamente.

Otra de las cosas que también se ha manifestado es que la víctima prácticamente había llegado tarde para ser salvada, entrando en detalles de cómo funcionan los protocolos médicos para estos casos, cuando estos debían ser expuestos y analizados durante la presentación de pruebas y alegaciones durante el juicio a peritos que conocen del tema, además que nadie sabe cuándo va a ser asaltado o a morir para llegar oportunamente para ser salvado.

Como se sabe, la justicia es un ente independiente de las demás funciones del estado y que ésta debería actuar como tal, es decir libre de presiones de cualquier índole. También es cierto, que lamentablemente todas las personas somos susceptibles de ser denunciados y mucho más en las sociedades más avanzadas, donde existe una alta exigencia de ética y calidad para todas las profesiones, que es hacia donde se quiere llegar en Ecuador. 

Por ello, llegado el caso, todos deberíamos ser considerados iguales ante la ley y también todos deberíamos ser inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Es lo que se denomina la “presunción de inocencia”. Además, en el Capítulo Octavo, artículo 78 de la Constitución del Ecuador, se garantiza a todos los ciudadanos el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.

En otras palabras, todo lo importantes que hayamos sido hasta ese momento, no cuenta. Lo que cuenta es que, como ciudadanos iguales ante ley, se nos garantice una justicia independiente que determine mi culpabilidad o inocencia cuando he sido demandado, luego de un proceso con las mínimas garantías y de haber sido escuchado por un tribunal no solamente competente sino también  imparcial.

Y ya puestos en este caso, sabemos que la justicia la rigen los hombres y por lo mismo, no es infalible, de tal manera que se pueden cometer muchos errores a lo largo del proceso y en sus fallos. Para ello, la sociedad civil y más, las partes afectadas deberían luchar para que se corrijan los errores que se hayan suscitado durante el proceso y también crear corrientes de opinión. Mucho se ha conocido sobre todo en otros países, de casos que han tenido que revisarse por los muchos errores cometidos en los juicios y que los mismos han sentado precedentes para el futuro, incluso poniéndoles nombres de los afectados a las leyes, para que no se olviden sus casos.

Solo de esta manera, conociendo cómo funciona el sistema, cómo debe actuar la justicia, se evitaría lo que ahora, que se expresa al libre albedrío palabras como “estafadores”, “delincuentes”, “asesinos”, etc. a cualquier persona o colectivo, deshonrándolos sin pruebas o sin un juicio que determine el delito, o tal vez se lograría lo contrario, que nadie se atreva a decir nada al saberse que cualquiera podría situarse en el peor lugar o en el peor momento por circunstancias adversas de la vida, pero deseando que la justicia funcione como debe ser.